Cataluña fija su hoja de ruta climática: reducir un 8% anual las emisiones hasta 2035
El CECC plantea limitar a 403 megatoneladas de CO₂ equivalente el total de emisiones hasta 2035 para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París
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El Comité de Expertos en Cambio Climático de Cataluña (CECC) ha presentado su propuesta de presupuestos de carbono, un instrumento innovador de planificación para alcanzar la neutralidad climática. El plan recomienda impulsar el transporte público, reducir la demanda global de energía y materiales, electrificar la industria e incrementar sustancialmente el uso de energías renovables, dada la alta contribución de los sectores del transporte, la industria y la generación eléctrica a las emisiones actuales.
El CECC es un órgano independiente integrado por los profesores Montserrat Termes, Salvador Lladó y Olga Margalef, de la Universidad de Barcelona (UB), y por expertos como Frederic Ximeno, Carme García, Jordi Solé y Marta Torres, vinculados a entidades de investigación y administraciones públicas.
Un recorte drástico para cumplir el Acuerdo de París
El comité plantea una reducción media anual del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2021 y 2035. Este ritmo de recorte contrasta con el aumento del 1% registrado entre 2015 y 2019, y con la mínima reducción del 0,2% en 2022, último año con datos disponibles.
La propuesta fija un límite de 403 megatoneladas de CO₂ equivalente de emisiones acumuladas para el periodo 2021-2035. El objetivo es lograr una reducción del 67% en 2035 respecto a 1990, en línea con las metas científicas del Acuerdo de París y el propósito de neutralidad climática para 2050. El presupuesto de carbono es, además, un mandato legal establecido en la Ley 16/2017 del cambio climático de Cataluña.
Más transporte público, energías renovables y eficiencia industrial
Para alcanzar estos objetivos, el CECC considera imprescindible el despliegue de políticas públicas ambiciosas en materia de energía, movilidad sostenible, fiscalidad verde, transporte público y rehabilitación energética de edificios. También destaca la necesidad de inversiones prioritarias en energías renovables y de impulsar procesos participativos que promuevan modelos de consumo sostenibles y una transición ecosocial justa.
